Miércoles, 09 May 2018 20:46

El servicio de transporte público en Ibagué no anda

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Desde siempre, el tema de la movilidad ha hecho presencia en la agenda política de la ciudad de Ibagué. En las últimas cuatro administraciones de la ciudad, el tema ha sido ruidoso, por su complejidad y pertinencia y por los aspavientos creativos que se quedan en eso, en bulla.

Hace trece años, en el 2005, bajo el gobierno del alcalde Rubén Darío Rodríguez se buscó unificar las empresas de transporte público (buses) para mejorar la funcionalidad y responsabilidad del servicio. Pero, la estrategia no resultó y terminaron, de nuevo, las empresas sueltas, cada una por su lado, con un servicio poco uniforme e ineficiente. Entonces, el aguerrido gremio, logró permanecer sin abrirle paso a un sistema de transporte masivo de carácter privado de afuera. En esta misma administración se habló de transporte aerosuspendido, un cuasi-teleférico que atravesaría la ciudad, con dos líneas; una desde El Salado hasta Boquerón, y otra que haría un corredor entre Picaleña y el barrio Jordán. Delirios que no se podían costear y que parecían más una triquiñuela para sacar del camino a los empresarios locales.

 Al año siguiente, la Ley 1083 del 2006 exigió a los alcaldes aplicar un plan de movilidad; como resultado, en Ibagué salieron de circulación vehículos desgastados y humeantes y se estableció, bajo la administración de Ruben Rodríguez, la multa de 204.000 pesos a los conductores que recogieran pasajeros fuera de los paraderos… Pugna eterna entre las administraciones y el gremio de las busetas porque aquí, si de movilidad se trata, se vive a la mansalva, los vehículos se detienen al antojo del conductor y el usuario.

Adicionalmente, los gobiernos local y nacional, postularon y crearon pautas de circulación, que no se ejecutan, pues el poder político y económico de los dueños del transporte, hacen de las apuestas de movilidad humo… son escurridizos ante el cumplimiento de la ley, una ley de papel. De ahí que el transporte público en la Ciudad Musical sea una danza discorde, creada por empresarios y políticos que pelean sin tocarse.

 

 

Hoy, trece años después, luego de tres alcaldes, revolcones en la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad, un sinnúmero de comandantes de policía y una generación de ciudadanos completa, Ibagué continúa teniendo un servicio de transporte anacrónico, desordenado, inhumano y despótico.


 La movilidad ciudadana es un tema estatal, el transporte público más que un negocio es un servicio y como servicio debe servir, ser útil.

 

La guerra del centavo

Abordar una buseta en Ibagué es perder la noción del tiempo de llegada a su destino. Puede usted llegar con el estómago revuelto y el pulso acelerado, desde el barrio Modelia, ubicado al nororiente de la ciudad, hasta el Centro, en tan solo 20 minutos; brevedad plausible si no fuera por el riesgo de choque. Es que si bien, las empresas han diseñado un mecanismo de control con personal que distribuye los tiempos de tránsito entre una buseta y otra, en una misma ruta; frecuentemente, ese control es permeado por la permisividad de los encargados de controlar,  al negociar con los conductores a cambio de dinero los tiempos.

Por otro lado, el acceso al dinero directo, la guerra del centavo, hace que los conductores mediante dinero y por dinero, rompan con la planeación que las empresas hacen. Andan lentos en sectores donde pululan pasajeros y desaforados en ciertos tramos; algunos no recogen pasajeros en edad adulta, ni a madres con bebés de brazos; el conductor no está pensando en servir sino en competir, en recoger la mayor cantidad de pasajeros jugando con el tiempo. En otras palabras, tiempo, dinero y autos, una mezcla, efervescente.

… Las tarjetas electrónicas como ticket de pasajes serían una solución plausible. Eliminar la competencia entre conductores mediante la unificación de empresas prestadoras del servicio eliminaría la competencia y la lucha por el dinero. Harían una empresa sólida con dinámicas más sanas para ellos y la ciudadanía. Dicha unificación mejoraría el servicio y por obviedad el negocio.



Otra lucha

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos e Interés Público de la Universidad de Ibagué en ejercicio de sus funciones, buscando el respeto y acceso de todos a las garantías constitucionales y legales, expuso un trabajo legal que tiene como finalidad el reconocimiento y acceso a las personas con algún tipo de discapacidad a los sistemas públicos de transporte. Para el efecto, la abogada Indira Rojas, en ese entonces estudiante de Derecho (2015), se vio conmovida por la situación de ibaguereños con limitaciones físicas, que vivían y viven, en una ciudad que no les brinda un acceso adecuado en el servicio de transporte público: “Si uno en pleno uso de sus facultades, necesita un esfuerzo extra para subir las escaleras de un bus, imagínatelos a ellos”.

Consciente de tal situación, de acuerdo con lo explicitado desde la Ley 361 de 1997, el Decreto 1660 de 2003, la Ley 1346 de 2009 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, entre otros, que plasman la adopción de medidas legislativas que permitan el acceso en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos sin que se les discrimine por motivos de discapacidad, confrontó Indira a algunas empresas de transporte público, se acercó a la Alcaldía y a la secretaría de Tránsito Transporte y Movilidad del gobierno de Luis H Rodríguez, con las siguientes preguntas, registradas en su ponencia La accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad a los medios de transporte público en Ibagué(Rojas, 2015).

A la Alcaldía

  • ¿Cuáles son las funciones a cargo del municipio de Ibagué en materia de accesibilidad para personas con limitaciones frente al servicio de transporte público y privado?
  • ¿En la actualidad cual ha sido el control ejercido por el municipio de Ibagué y cuáles han sido las labores realizadas sobre las empresas de transporte de servicios públicos y privados frente a los servicios prestados a las personas con limitaciones?
  • ¿Cuáles son las medidas tenidas en cuenta por el municipio de Ibagué para dar cumplimiento a las normas que señalan especial protección a las personas con limitaciones, y si aquellas plantean el diseño de espacios para estos mismos?
Con base en la información obtenida, la abogada Rojas concluyó en su ponencia, lo siguiente:

(…) el Municipio respondió el día 05 de marzo de 2015 que para ellos es vital implementar procesos incluyentes y transformadores en el desarrollo de la población vulnerable, sin embargo, esos procesos incluyentes y transformadores no son de su competencia y en efecto decidieron remitirlo de oficio a la Secretaría de Tránsito y Transporte y de Movilidad en la ciudad, conforme lo dispone el Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

En todo caso lo que buscamos fue la pertinente información que plasmara de qué forma las calles de Ibagué se encuentran transformadas conforme a la inclusión permitiéndole a las personas con limitaciones tener unos paraderos que reduzcan el espacio entre la calle y el ingreso de las busetas, si realmente cumplen su tarea conforme lo dispone la Ley 361 de 1997y el Decreto 1660 de 2004, pero en ese aspecto nos quedamos a la espera de una respuesta que a la final resulto quedar sin sabor, al no ser contestada y en su defecto remitida a otra entidad a la cual ya se había radicado derecho de petición.(Rojas, 2015)


A la Secretaría de Transporte, tránsito y movilidad

  • ¿Cuáles son las funciones a cargo de la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Ibagué en materia de accesibilidad para personas con limitaciones?
  • ¿En la actualidad cual ha sido el control ejercido por la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Ibagué sobre las empresas de servicios públicos y privados frente a los servicios prestados a las personas con limitaciones?
  • ¿Cumplen las empresas de carácter público y privado con los parámetros establecidos por el legislador en el título IV – Capítulo III de la Ley 361 de 1997?
  • ¿Se encuentran adecuados los vehículos de servicios públicos y privados tal como lo señala el Decreto 1660 de 2003?
Con base en la información obtenida, la abogada Rojas concluyó en su ponencia, lo siguiente:

En consecuencia, el día 18 de marzo de 2015 recibimos respuesta de la entidad de movilidad señalando que las funciones a su cargo son todas aquellas que las diversas normas y leyes del Estado Colombiano establece; asimismo responden que actualmente la Secretaría de la oficina de transporte público previo a la entrega de la tarjeta de propiedad del vehículo nuevo, se ha evidenciado visualmente la destinación de dos sillas para personas en condición de discapacidad o mujeres embarazadas, las cuales en ocasiones se encuentran señaladas mediante calcomanía informativa y diferenciadas de color respecto de las demás sillas. Ahora bien frente a la tercer pregunta reconoce que a la fecha es la única acción que se ha percibido frente al tema por parte de las empresas privadas que brindan el servicio de transporte público colectivo en el municipio. En todo caso, la eficiencia de la Secretaría de Tránsito y de Movilidad de la ciudad es tal que recalca al gremio transportador la necesidad que dentro de la nueva tipología vehicular, deba existir parte de la flota que brinde el servicio a la población en condiciones de discapacidad y con los respectivos acondicionamientos técnicos que las normas técnicas exigen, de hecho para responder la última pregunta redunda en que en la actualidad no se encuentran adecuado los vehículos que brindan el servicio de transporte público colectivo, sin embargo aducen que están adelantando todas las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones legales y en efecto se brinde un servicio de calidad con los equipos idóneos.

También refieren que las primeras dos respuestas caben perfectamente para referenciar las funciones a la cargo del municipio y que la tercera de las preguntas realizadas en el derecho de petición esbozan que la entidad está adelantando gestiones de contratación para realizar la modernización del sistema semafórico en donde se incluye la adquisición e instalación de módulos sonoros para personas con discapacidad visual y así garantizar una movilidad segura. (Rojas, 2015) En Ibagué a la fecha no ha existido un solo semáforo sonoro y el servicio de transporte no ha cambiado en nada.

La actualidad

Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, logró la unificación de las empresas de transporte público (buses) creando el Sistema Estratégico de Transporte Público. Una idea ambiciosa con la que la ciudad señalizó y creó paraderos. En los primeros días de vigencia, escuché a conductores de buses dando aviso a la gente de que no los podrían volver a recoger donde quisieran sino solo y exclusivamente en paraderos.

Sin embargo, la flexibilidad de pasajeros, conductores y autoridades terminaron poniendo gacha toda la estrategia. Hoy, los conductores de buses, en su recorrido por las diferentes rutas, paran donde quieran; los pasajeros hacen pares en la  esquina, a media  cuadra y al  final; la Policía Metropolitana le quita acentuación a la  orden. Además, los buses carecen de infraestructura incluyente y la gran revolución del transporte público en Ibagué es pintar algunas sillas de color azul al interior de las busetas, como sillas preferenciales a usuarios en situación de discapacidad.

El diario El Nuevo Día informó el rifirrafe entre la Alcaldía y el comité prodefensa de derecho de los propietarios de buses. Estos últimos demandaron el incremento en la tarifa de pasajes puesto que no han tenido un alza desde hace tres años, a lo que el alcalde sentenció: “Si nosotros aumentamos la tarifa, cualquier suma que sea, tiene que ser en claridad de que vamos a brindar un mejor servicio” una respuesta que puso en escena a los empresarios del transporte; su no mejora en calidad de servicio. Para el 2018 Jaramillo sacudió su rigidez y cedió al alza de irrisorios 100 pesos colombianos.

El servicio de transporte prestado por buses públicos en la Ciudad Musical, no suena ni truena. De no alinearse acorde con la ley y el desarrollo al que le apuesta Ibagué y el país, se verá desplazado por empresarios más visionarios que se vengan a adueñar de la demanda de toda una ciudad que les pertenece a ustedes transportadores tolimenses pero que ustedes no están cuidando. Como gran muestra de avance la empresa SITSA expuso en este mes de mayo (2018), la adecuación de seis busetas con un sistema que facilita el acceso de personas en condición de discapacidad, un avance importante pero corto, las seis busetas modificadas de SITSA no alcanzan a ser  el 0,5 % de su flota andante y humeante.

Desde la Ley 361 de 1997, el Decreto 1660 de 2003, la Ley 1346 de 2009 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, hemos avanzado ese poquito. Por que a ratos la ley parece sugerir y no ordenar. En este caso especifico de necesidad social, de exigencia estatal, el gremio transportador sí deberían acelerar a fondo no sea que otros más diestros vengan a ofrecer lo que ustedes no han podido.
Visto 1371 veces Modificado por última vez en Miércoles, 31 Octubre 2018 15:41

Lo último de Germán Gómez Carvajal, productor de contenidos, Unibagué.

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