La investigación existe, entre otras razones, para conocer, determinar y proponer soluciones a los problemas que más aquejan la sociedad en la que vivimos. Es así como los estudiantes desde los semilleros de investigación pueden contribuir a la generación de nuevo conocimiento. Esta oportunidad fue aprovechada el Grupo de Estudio de Derecho Penal Económico (GEDPE), adscrito al grupo de investigación Zoon Politikon, en donde uno de los integrantes del semillero optó por la modalidad de asistencia en investigación como opción de grado, para apoyar el proyecto sobre la eficacia de las normas administrativas y penales para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el departamento del Tolima.
Esta propuesta surge como resultado de haber indagado entre investigadores y estudiantes sobre la percepción del blanqueo de dinero que se tiene en nuestro Departamento, con fundamento en algunas noticias publicadas en los principales diarios de la ciudad de Ibagué, como aquella que da cuenta de la visita realizada por el Director de la DIAN en el año 2014, quien advierte a la capital tolimense de la existencia de dineros mal habidos en la región (Arroyo, 2014).
A este aspecto, se suma el crecimiento acelerado de la capital del Departamento, que ha sido desafortunadamente asociada con algunas conductas delictuales como el narcotráfico, especialmente, por la presencia de sujetos que adquieren autos lujosos, inmuebles de gran valor y, en general, que llevan un ritmo económico que no se ajusta al salario promedio de un trabajador habitual en la legalidad, con contadas excepciones.
Recordemos que el lavado de activos, ha sido descrito por la doctrina como el proceso en virtud del cual, los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita (Blanco Cordero, 1997). Por esta razón, al ser un proceso, se han establecido tres etapas que componen el lavado de activos: la colocación de los recursos provenientes de las actividades ilícitas; la estratificación o diversificación de fondos a través de una serie de transacciones y luego la integración, por medio de la que los dineros mal habidos, ingresan a la cadena comercial normal (Hernández Quintero, 2017).
La investigación como un proceso
Para dar respuesta al problema de investigación, se determinó como límite temporal diez años, correspondiente al periodo de 2005 a 2015; y, para el efecto, los investigadores principales, doctores Hernando A. Hernández Quintero y Constanza Vargas Sanmiguel invitaron formalmente a la estudiante que asumiría uno de sus mayores retos investigativos, por el impacto regional y nacional del proyecto. Acto seguido, se establecieron los objetivos para la primera etapa, se creó un cronograma de actividades que debía ser desarrollado por la asistente de investigación en diez meses, para cumplir con la finalidad propuesta y ser la primera de su promoción en obtener el título de abogada, pues la mayoría de estudiantes de Derecho suelen optar por modalidades de grado prácticas, que conllevan más tiempo.
Esta tendencia, obedece a que son pocos los estudiantes que desde su pregrado se preocupan por adquirir herramientas de investigación, desconociendo que es un aspecto imprescindible y trasversal a todas las profesiones, pues no existe manera de comprender y profundizar en un área del conocimiento si no se investiga. Es que, adicionalmente, investigar permite a los estudiantes retribuir a las regiones el conocimiento por ellas entregado, con una cuota de conocimiento adicional, como el que este proyecto logró producir, pues verificó a través de diversos aspectos la posibilidad de existencia de lavado de activos en el departamento del Tolima.
Los resultados encontrados
Dentro de las estrategias de verificación, se encuentra el haber realizado visitas a los juzgados penales del departamento del Tolima en búsqueda de procesos de lavado de activos que se hubieran tramitado en sus despachos. Se revisaron 3.983 procesos correspondientes a la década de 2005 a 2015, encontrando que solo el 0,12 % corresponde al punible objeto de estudio.
Así mismo, de los procesos encontrados, se analizó el número de sentencias absolutorias y condenatorias. Se halló que la primera sentencia se emite en el año 2007, con fallo absolutorio para algunos de los investigados y condenatorio para los demás. En el año siguiente se observó un proceso con sentencia absolutoria para todos los acusados. En el año 2009 se localizaron dos procesos; el primero de ellos con sentencia absolutoria; y, el segundo, con sentencia condenatoria. Finalmente, en el año 2010 se registró un proceso de lavado de activos con sentencia condenatoria.
Posterior a tales hallazgos, se revisó la ley con la que se tramitaron y fallaron los procesos encontrados, pues aunque desde hace 14 años se implementó en Colombia el sistema penal acusatorio, a través de la expedición de la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), también conocida como el código de procedimiento penal, en la investigación encontramos procesos en vigencia sistema procesal anterior, fallados con la Ley 600 de 2000 (Congreso de la República de Colombia, 2000).
Luego, se estableció que el delito fuente más común, que originó las investigaciones por lavado de activos en el Tolima, correspondió al delito de enriquecimiento ilícito, seguido del punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se advierte que, en uno de los procesos encontrados, no fue posible establecer el delito que provocó el lavado.
Finalmente, se anota que, aunque el narcotráfico no se ubica en la investigación como el delito base más investigado, todas las sentencias condenatorias por blanqueo de capitales corresponden a este punible. Lo anterior, con fundamento a que si bien hubo un mayor número de procesos cuyo delito originario fue el enriquecimiento ilícito, los fallos fueron en su mayoría absolutorios.
Conclusiones
Con esta información preliminar fue posible establecer dos hipótesis: La primera corresponde a que las normas administrativas y penales antilavado en el Tolima, no son eficaces, pues preocupa que, en diez años, solo existan cinco procesos por este punible. La segunda, que es posible que la percepción de los ciudadanos no corresponda a lo que verdaderamente ocurre en la región, aspecto que puede corroborarse con mayor facilidad, cuando se publique el manuscrito que contiene la investigación final.
Se concluye afirmando que este tipo de investigaciones pueden apoyarse desde el pregrado, con magníficos frutos académicos, ya que, en lo personal, abre puertas a posibilidades como ser invitados a seguir apoyando estas labores en los grupos de investigación, al fungir en su vida profesional como jóvenes investigadores, a participar en eventos científicos con la exposición de ponencias nacionales e internacionales, y a publicar nuestros primeros trabajos cada vez más valorados en el ámbito laboral.
A nivel regional y científico, se resalta la importancia de estudiar y explicar los territorios de los que hacemos parte, y servir de guía para futuras investigaciones en otros territorios de Colombia, con el objetivo de que, investigaciones como esta, en donde se pretende analizar la eficacia de las normas para la prevención, detección y sanción del delito de lavado de activos, abarquen todo el territorio nacional.
Referencias bibliográficas
Arroyo, C. (30 de Marzo de 2014). El lavado de activos, una realidad latente en la economía tolimense. El Nuevo Día.
Blanco Cordero, I. (1997). El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Arazandi.
Congreso de la República de Colombia. (24 de Julio de 2000). Ley 600 de 2000. Diario Oficial(44097).
Congreso de la República de Colombia. (1 de Septiembre de 2004). Ley 906 de 2004. Diario Oficial(45658).
Hernández Quintero, H. A. (2017). Delitos económicos en la actividad financiera (Cuarta ed.). Bogotá: Ibañez.
