Durante décadas, la globalización y la creciente apertura de los mercados y la multiculturalidad se han convertido en una realidad que ha permeado las políticas internas de los Estados y ha generado una necesidad cada vez mayor de fomentar mecanismos de integración, para fortalecer las relaciones entre los países y cooperar en la búsqueda de un crecimiento y desarrollo mutuo.

A propósito del surgimiento de nuevas alianzas regionales, de la búsqueda por el fortalecimiento de las anteriores y de las crisis que han tenido que superar, surgió como interrogante ¿hasta qué punto, ha sido la falta de gobernanza la que ha impedido alcanzar una integración política efectiva en América Latina?

Para dar respuesta a este cuestionamiento, se hizo una revisión de los escenarios de cooperación política en América Latina, una búsqueda de trabajos de investigación y bibliografía que abordara estudios sobre la efectividad de estos instrumentos y sus crisis, y finalmente, a partir de la información recolectada, se realizó el análisis de los posibles escenarios en que podría presentarse una efectiva integración política que logre constituir fuertes vínculos sociales, culturales y, por supuesto, económicos.

De esta forma, el presente artículo se encuentra dividido en dos secciones: la primera presenta la principal propuesta que se plantea para dar solución a un escenario de inefectividad en los esquemas de integración regional en América Latina vista desde la perspectiva estatal, y la segunda, las propuestas formuladas desde una visión internacional.

Gobernanza: de la consolidación estatal a la integración regional

Grandes revoluciones de trascendencia internacional han sido las precursoras e instigadoras de la creación de conciencia en la necesidad de proteger y realzar, en la mayor proporción, los derechos inherentes al ser humano, consolidándose inicialmente por la revolución francesa de 1789, pasando por la declaración de los derechos humanos de 1948, hasta llegar a la actualidad, teniendo como actor principal al Estado, en su función reguladora de los recursos propios de la sociedad.

A pesar de tal circunstancia histórica, en la actualidad son constantes los ultrajes que persisten en manifestarse en sociedades que atraviesan por crisis sociales, económicas, políticas o culturales, como lo sucedido en la frontera colombo-venezolana, donde se produjo un aumento de las violaciones de los derechos humanos, como lo afirmó Fabrizio Hochschild, líder de Naciones Unidas en Colombia, (ONU),

En cualquier parte del mundo, si llegan 12.000 personas, sin previo aviso, y esas personas no tienen los medios para sostenerse y donde dependen de la respuesta de las comunidades a donde llegan, dependen de la ayuda de las autoridades locales y nacionales, y de una manera complementaria de la ayuda internacional, esto constituye una crisis humanitaria. (Periódico El Tiempo, 2015, p. 1)

From good governance to Human rights development aborda problemáticas de derechos, esmerándose por proponer soluciones a los latentes agravios que sufren los seres humanos con las vulneraciones constantes de sus derechos, pretendiendo demostrar que  el buen gobierno (gobernanza), la democracia y una gestión transparente y responsable en asociación con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado pueden ser un modelo para el desarrollo de los derechos humanos[1]” (Sirghani, Entezari, & Keramatni, 2013), donde se proyecta un gobierno en el que lidere el Estado de Derecho en armonía con el principio de legalidad, en el que se busque la disminución de la pobreza, el crecimiento económico, la erradicación de la corrupción y, tal vez, uno de los aspectos más relevantes para tal fin, que apunte a la instauración de la democracia, contentiva de las elecciones, los sistemas de representación, la toma de decisión, la descentralización, la participación ciudadana y las libertades civiles, siendo importante en la promoción de la sociedad civil[2] (Sirghani, et al., 2013). La gobernanza se convierte, entonces, en la figura estratégica para lograr el amplio desarrollo de los derechos humanos, siendo definida como el desarrollo humano sostenible que se enfoca en la eliminación de la pobreza, la creación de trabajos, el mantenimiento de una vida sustentable, en la protección y regeneración del medio ambiente y el crecimiento y desarrollo de los derechos de las mujeres[3] (Sirghani, et al., 2013); de la cual se desprenden ocho componentes esenciales a saber: (a) la participación, como el principal aspecto de la gobernanza, en el entendido en que se permita el desarrollo de las libertades y la consolidación de una sociedad civil activa; (b) Rule of law o un principio de legalidad que rija los comportamientos -que han de ser imparciales- de las instituciones; (c) la transparencia, guiada a la aplicación del principio de legalidad y de publicidad, en cada una de las actuaciones del gobierno; del cual se desprende (d) La rendición de cuentas como mayor signo de transparencia, en el que se presente ante la sociedad, la administración que se ha hecho de los recursos; (e) El consenso, en el que se logre mediar los diferentes intereses que concurren en la sociedad, logrando una (f) equidad e inclusión, que permita a todos los individuos —prevalentemente a los pertenecientes a las minorías— tener acceso a las mismas condiciones de vida. (g) La efectividad-eficiencia y (h) sensibilidad, son finalmente, las que permitan servir a la sociedad, haciendo el más correcto uso de sus recursos durante un tiempo determinado (Sirghani, et al., 2013).Tales componentes, siguiendo el postulado anterior, son las bases para lograr la consolidación de un buen gobierno que por consiguiente, conducirá al desarrollo apropiado de los derechos humanos y, de esta forma, en concordancia con los objetivos del milenio, ahora objetivos del desarrollo sostenible, logren el empoderamiento, la colaboración y compañerismo, la igualdad y la justicia, la continuidad y la sustentabilidad, la seguridad, la disminución de la pobreza, protección y revitalización del medio ambiente, la creación de trabajos prósperos y sustentables, La protección y progreso de los derechos de la mujer, el fortalecimiento del capital y la reducción de la corrupción, incrementando la administración sana[4] (Sirghani, et al.,, 2013); y así se materialicen los pilares revolucionarios de 1789, de libertad e igualdad, como valores fundamentales de todo buen gobierno.

En Colombia, a inicios del año 2013, se presentó un masivo despliegue de los caficultores por las carreteras de las principales vías del país, impidiendo su flujo habitual tanto de los ciudadanos que las transitaban frecuente o esporádicamente, como de los grandes o pequeños transportadores de productos de diario consumo; su intención era palpable y se enfocaba en la materialización de garantías y subsidios que desde su apertura en el sector de la industria mercantil, no han recibido y sostenían preocupantemente, que producían a pérdida, además de que no obtenían los recursos suficientes para desarrollar un vida dignamente sostenible. (Redacción Editorial Vanguardia, 2013)

Ahora, partiendo de la afirmación que no han sido pocos los intentos de lograr tal protección, que desde 1789 pretendió instituirse implantando los principios de equidad e igualdad, ¿es posible dar lugar a la gobernanza y al desarrollo efectivo de los derechos humanos en la realidad actual, donde a pesar de no ser novedosa dicha pretensión, constantemente son presentadas situaciones como la que antecede?

En realidad, estos intentos no han dejado de realizarse y soluciones abundan en los discursos; pero, lograr ajustar los postulados y convertirlos en una realidad sólida, sino es imposible, es de un amplio trayecto, donde no basta con solo cambiar la estructura y las políticas de un Gobierno, sino reestructurar el pensamiento y el sentir de cada uno de los individuos que conforman la sociedad y con esto, dar inicio a una conciencia del buen gobierno.

De la globalización al regionalismo y la integración

La globalización presenta diferentes acepciones alrededor de su definición; lo cual precisa la ardua labor que se ha tenido al pretender dar cabida total a su ejercicio en términos específicos; de esta forma, se afirma que se enmarca en un contexto multidimensional, aunque inicialmente económico, en el cual se encuentran inmersos los Estados, que a través de tratados y mecanismos de integración regional y mundial, propenden por determinar conductas que permitan solventar las necesidades específicas de cada uno, armonizadas con aquellas que surgen en una sociedad global.

Lo anterior no significa que se elimine la soberanía de un Estado determinado, pero si se disminuye, en tanto que debe redefinirse el rol que desempeña en las constantes actividades que surgen en su interior, al ser indiscutiblemente permeado por las decisiones y procederes de organismos supranacionales, e inclusive de Estados extranjeros que requieren de la fraternidad y cooperación de su entorno, y así, fortalecer la relación con los demás.

Inspirada en los procesos de restablecimiento e incremento económico y tecnológico

(…) globalization is a new historical reality-not simply the one invented by neo-liberal ideology to convince citizens to surrender to markets, but also the one inscribed in processes of capitalist restructuring, innovation and competition, and enacted through the powerful medium of new information and communication technologies. (Castells, 1999, p. 5)

De esta forma, y dejando en evidencia la necesidad de propender por la unión de los países para alcanzar las fuerzas requeridas en la obtención de los propósitos globales, surge como coadyuvante a tal ejercicio, la regionalización. En esta se comprende que, aparte de su dimensión económica que es la que determina entonces el plus para competir en los mercados, es preciso fomentar la constitución de coaliciones regionales que permitirán el desarrollo de un amplio mercado en sus empresas, y de manera concomitante, desarrollar políticas públicas, normas, reglas y regulaciones comunes en sectores de carácter financiero, comercial, e incluso laboral y social (Kacowicz, 2008).

La regionalización permite, entonces, la coordinación macroeconómica para garantizar la fortaleza del Estado, ya no nacional pero sí regional, permitiendo el fortalecimiento de diferentes escenarios frente a la globalización. Esto sirve como mecanismo de aprehensión y adquisición de los países más desarrollados, del sistema estructural y funcional de las empresas, los trabajadores y el propio Estado, generando que aquellos en vía de desarrollo, se adecuen, se adapten o propongan parámetros para llevar a cabo acuerdos de libre comercio (IADB, 2002)

En Suramérica por su parte, han sobresalido acuerdos importantes regionales, tales como la CAN y Mercosur, los cuales han permitido a los países crear bases económicas, legales, comerciales y en algunos casos, de coordinación macroeconómica, para avanzar hacia niveles de integración con mayor exigencia y competitividad. La creación de estos acuerdos regionales genera en la mayoría de estos bloques comerciales fuertes estrategias geográficas, que en sí, traen avances tecnológicos, de infraestructura y económicos que permiten dar un gran paso hacia una integración política y social (IADB, 2002).

Ese proceso de transformación e integración en los aspectos económicos, políticos sociales y culturales, pretende que el mundo se acorte las distancias y se convierta en un lugar más pequeño y asequible(Kernic & Karlborg, 2010). Esto se realiza en un contexto de armonización de la relación entre un Estado y otro, impidiendo que la protección extrema de la soberanía sea un obstáculo para lograr consolidar fuertes uniones.

De acuerdo con la conceptualización que Andrés Malamud y Gian Luca Gardini elaboran en Has Regionalism Peaked? The Latin American Quagmire and its Lessons, los proyectos regionalistas segmentados y superpuestos no son una manifestación exitosa de la integración, sino que por el contrario, reflejan una mala configuración y dinámica de la ejecución de la iniciativa. Así pues, a pesar de definir al regionalismo como una integración económica completa y efectiva, en Latinoamérica sin embargo, la materialización de esta, ha demostrado que es más bien un conjunto acuerdos con diversos intereses en varias subregiones (Malamud & Gardini, 2012).

En efecto, al interpretar el análisis hecho por estos autores, se concuerda con la idea de que el regionalismo en América Latina no se ha propuesto romper otros esquemas distintos a los establecidos entre los países que la conforman y la postura siempre ha estado encaminada a entablar acuerdos de gran diversidad con una débil profundidad. Conforme con ello, se puede inferir que la integración económica se está convirtiendo en un fenómeno geográficamente difuso y heterogéneo en vez de una organización compacta regionalmente, que permee las instituciones y fortalezca una multiculturalidad. Es decir, sus objetivos y resultados se han encontrado dirigidos a la cooperación y acercamiento en ciertas áreas económicas, pero no apuntan hacia una integración efectiva (Malamud & Gardini, 2012).

Por ello, el diagnóstico de la marcada situación conflictiva en América Latina, en donde de hecho no existe ninguna organización regional que reúna exclusivamente a los países del cono sur (Aladi, Celac, Unasur, Alba, Mercosur, Comunidad Andina), muestra múltiples discrepancias en diferentes planos del modelo integracionista, ya que la variedad y coexistencia de dichos esquemas y las fricciones generadas por algunos de sus miembros, hacen difícil la consecución de un denominador político-económico común, produciéndose así, latentes divisiones que se alejan del postulado fundamental de unidad que persigue el regionalismo (IADB, 2002).

En consecuencia se plantea así que los factores obstaculizadores más relevantes del regionalismo en América Latina, siguiendo la línea de Malamud y Gardini, han sido, entre otros, en primer lugar, la falta de un consenso básico sobre las cuestiones de mayor interés para las naciones; en este escenario, se podría señalar que los proyectos regionales más relevantes en el área, son el producto de diversas lógicas políticas y visiones dirigidas por Mercosur, Alba y Unasur. En este sentido, se hace evidente que además de que aún en esos escenarios el liderazgo no se encuentra bien definido, sus resultados no cumplen unos intereses comunes a todos sus miembros, o hacia una consolidación regional, sino persiguen intereses de aquellos más fortalecidos, o de sus fundadores (Malamud & Gardini, 2012).

En segundo lugar, la dificultad de conciliar los intereses nacionales a nivel regional; esto es debido a la lógica intergubernamental, en tanto que la tendencia es a fortalecer una dinámica interpresidencial, en la que prevalezca la agenda política interna, y no se tiende a dar la relevancia a la supranacionalidad y buscar escenarios que favorezcan intereses mutuos, los cuales lograría una integración consistente. Y finalmente, las aleatorias lealtades entre jefes de Estado, tienden a exacerbar las tensiones dentro de los proyectos de integración, así como también, impulsan las animadversiones en el ejercicio diplomático de las diferentes naciones sudamericanas (Malamud & Gardini, 2012).

Todo lo anterior, induce a colegir que el regionalismo en América Latina se puede comprender de mejor manera como una herramienta al servicio de un conjunto de objetivos políticos, que muy poco tiene que ver con la conducción de procesos de cambio estructural en las instituciones de orden político, económico y social, destinadas a la región en su conjunto. Por esto, es aceptable mencionar que la firma de un tratado de integración no establece automáticamente una unión integral de las naciones y que el regionalismo es un recurso de política exterior que fortalece un discurso utilizado para lograr fines como visibilidad internacional, la estabilidad regional y la legitimidad del régimen de los diferentes países sudamericanos, y no para avanzar en la materialización de una verdadera integración.

Después de todo, si el regionalismo sigue siendo puramente una cuestión de factores discursivos, entonces organizaciones regionales pueden considerarse como capas acumuladas de estrategias nacionales en contienda.

Conforme con lo mencionado anteriormente, la convergencia entre los miembros de un bloque regional, tiene que ser alcanzado a través de la relación que tengan con el líder internacional, que indiscutiblemente debe existir para la eficacia de la integración; también debe acordarse el papel a desempeñar por parte de los diferentes líderes regionales y el modelo económico que deben adoptar, debe guardar armonía con los intereses de todos los miembros. Estos son aspectos fundamentales que hacen falta en América Latina, que de no presentarse, la integración regional no sería probable y lo máximo que se podría conseguir, son acuerdos de cooperación.

Al respecto, se pronuncian Franz Kernic y Liza Karlborg, en su escrito Dynamics of Globalization and Regional Integration: South America and Peace Operations (2010), cuando hablan de la integración que han tenido los países suramericanos en las operaciones tendientes a alcanzar y mantener la paz durante la guerra, lideradas principalmente por la Organización de las Naciones Unidas, junto con las demás organizaciones internacionales de amplio reconocimiento como la Unión Europea, la Unión Africana, la NATO y demás actores no estatales, en miras a lograr satisfacer aquellas necesidades generales que se presentan en el marco de la globalización, manifiestan -posición por nosotros acogida- tal dificultad en generar una cooperación entre Estados. (Kernic & Karlborg, 2010)

Ahora, pretendiendo reducir el amplio espectro de la globalización, se limita a la acogida de los instrumentos que se han convenido como herramienta central en el manejo del conflicto y han adquirido la importancia para fomentar la paz sostenible, y así, a partir de dicha dimensión, lograr establecer de qué forma afecta tan amplio proceso en los países Latinoamericanos? Pero  ¿cómo ha sido su aporte a este?

Tal interrogante puede ser respondido a partir de la propuesta que realiza Kernic & Karlborg (2010) al demostrar cómo nuestro entorno ha ido adquiriendo mayor compromiso en la adopción de tal política de integración, a efectos de generar la seguridad necesaria y con la fuerza suficiente para mantenerla, donde además, se requiere que no solo sean los militares quienes se encuentren inmiscuidos en la toma de decisiones que afectan la sociedad y los Estados, y participen activamente en la materialización de los objetivos de las políticas de seguridad, sino que también, sean ciudadanos, civiles quienes conformen las fuerzas que propendan por la supresión de la violencia, el cese del fuego o la limitación del conflicto armado y la consecución de la sostenibilidad y la paz positiva(Kernic & Karlborg, 2010), que no son más que los objetivos del proceso Peacekeeping.

Así pues, mientras mayor comportamiento activo tenga la sociedad en este y otros aspectos derivados de la globalización, es sin duda, más autónomo y eficaz el proceso de vinculación a los escenarios de globalización. Esto implica que todas aquellas situaciones que se presenten en cualquier sector de la aldea global puedan ligarse, conforme con nuestro caso, con las necesidades que presenta Latinoamérica y le permita involucrarse en la unión inescindible entre la sociedad mundial y los Estados en búsqueda de la paz, la defensa regional y el establecimiento de una seguridad policial global solidificada; en concordancia con lo expresado en la política International Peacekeeping.

De hecho, esta es la situación que a través de los resultados y de la evolución que los países del Hemisferio Sur del Continente Americano, han presenciado al acceder gradualmente al proceso de la globalización. En este aspecto, el Peacekeeping se ha soportado en la cooperación militar para facilitar la restructuración y democratización de los procesos políticos internos y, asimismo, ha ayudado en la promoción de una nueva agenda de seguridad global(Kernic & Karlborg, 2010)

Corolario a lo anterior, se considera que en concordancia con el creciente proceso de globalización y a pesar de un contexto que no ha sido pacífico y en ocasiones difícilmente acogido, para los Estados latinoamericanos, que tienen el ideal de satisfacer sus necesidades y las de quienes los conforman, resulta menester acceder a formar parte de las relaciones interregionales que indiscutiblemente reciben el impacto de la maquinaria de aquella arrolladora dinámica, a pesar incluso de verse forzados a limitar la materialización de su libertad, evidenciando en estos trámites, que pueden no llevarse a cabo en territorios cercanos, una afectación directa a los ámbitos económicos, sociales políticos y culturales de cada nación.

Es entonces pertinente, desligarse de los criterios tan nacionalistas y patrióticos, de defensa absoluta de las identidades propias que no admiten el reconocimiento de otras y de evolución a nuevos escenarios, que permitan una integración de intereses, afinidades culturales, sociales y políticas, que consoliden una unidad latinoamericana.

Conclusiones

Una vez analizados los supuestos propuestos en la problemática inicial, se afirma que debido al creciente proceso de globalización y a la constante apertura económica y cultural de América Latina, para los Estados, quienes propenden por satisfacer sus necesidades e intereses, es imprescindible vincularse a escenarios de cooperación e integración, dentro de los cuales se provee de recursos requeridos para lograr fines tanto individuales como colectivos. De esta forma, es inevitable avanzar hacia criterios menos radicales en cuanto a la protección absoluta de soberanía, y así permitir la formulación de políticas públicas conjuntas y congruentes con los demás países

Sin embargo, esto solo resulta posible al lograr una buena gobernanza al interior del Estado, en la cual no solo se modifiquen las políticas o los programas gubernamentales, sino también, debe fortalecerse un proceso de internalización en los individuos que conforman la sociedad.

Por ello, antes de abordar una política de inmersión total en el escenario internacional, es necesario fomentar la buena gobernanza y lograr fortalecer las políticas e identidades internas, para poder implementar criterios multiculturales e internacionales, que propendan por una efectiva y consolidada cooperación, que conlleve a un nivel mucho más profundo de integración.

Bibliografía

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IADB. (2002). El nuevo regionalismo en América Latina. Obtenido de Inter-American Development Bank: http://www.cedem.org/Base%20Documentos/BID/IPES2002/Cap202.pdf
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Kernic, F., & Karlborg, L. (2010). Dynamics of Globalization and Regional Integration: South America and Peace Operations. International Peacekeeping, 723 - 736.
Malamud, A., & Gardini, G. L. (2012). Has Regionalism Peaked? The Latin American Quagmire and its Lessons. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 116-133.
Periódico El Tiempo. (2015). El Tiempo. Obtenido de "Sí hay crisis humanitaria en la frontera": ONU: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/crisis-en-frontera-con-venezuela-si-hay-crisis-humanitaria-en-la-frontera-onu/16319595
Redacción Editorial Vanguardia. (2 de Marzo de 2013). La crisis de los caficultores. Obtenido de Vanguardia.com:
 http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/198184-la-crisis-de-los-caficultores
Sirghani, M., Sirghani, S., Entezari, A., & Keramatnia, M. (2013). From good governance to Human rights development. Advances in Environmental Biology, 7(8), 1498-1504.


[1] “Good governance, democracy and transparent and accountable management in partnership with governments, civil society and the private sector can be a model for the development of human rights” (Sirghani, Sirghani, Entezari, & Keramatnia, 2013, p. 1498).
[2] “Elections, systems of representation, decision making, decentralization, citizen participation, civil liberties and that is important promoting civil society” (Sirghani, et al., 2013, p. 1499).
[3] “Good governance is proposed in order to sustainable human development that emphasized on Eliminating poverty, creating Jobs and livelihoods sustaining , protecting and regenerating the environment and growth and development of women issue” (Sirghani, et al., 2013, p. 1499).
[4] “Empowerment. Collaboration and partnership. Equality and Justice. Continuity and sustainability.  Security. Reduce Poverty. Environmental protection and revitalization. Creating sustainable jobs and prosperity. Protecting the rights of women and promote women's advancement. Strengthening the Capital. Promotion of Democracy. Reduce corruption and increase administrative health”. (Sirghani, et al., 2013, p. 1501)</sub>